Nottingham Guardian - Relaves mineros en Chile: el dilema financiero que frena la remediación ante lluvias extremas

Durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, un incidente crítico puso en alerta a las comunidades de la Región de Valparaíso y a los sistemas de abastecimiento de agua de más de un millón de personas. Material de relave perteneciente a División Andina, una de las principales minas de cobre operadas por la empresa estatal Codelco, se derramó alcanzando el río Blanco en la Cordillera de los Andes. Este curso de agua es un componente vital del sistema hídrico regional, ya que alimenta al río Aconcagua, cuya cuenca sustenta tanto el suministro de agua potable como actividades agrícolas extensas.

La gravedad del incidente obligó a las autoridades locales y a la empresa operadora a tomar medidas preventivas inmediatas. Se procedió al cierre preventivo de compuertas de riego en el sistema del Aconcagua y se suspendió temporalmente una captación de Esval, la compañía encargada de la producción y distribución de agua potable en la zona. Ante la emergencia, Codelco emitió un comunicado oficial asegurando que la situación "se encuentra controlada" y que las medidas de mitigación estaban en desarrollo. La empresa afirmó que sus monitoreos no habían registrado alteraciones significativas en la calidad del agua. No obstante, la autoridad ambiental mantuvo una postura de cautela: la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una fiscalización formal para determinar con precisión las causas técnicas del derrame y evaluar sus posibles impactos ecológicos a largo plazo.

Este evento no ocurre en un vacío regulatorio ni climático. Forma parte de una serie de incidentes investigados durante el año 2026 que han expuesto la fragilidad de la infraestructura minera chilena frente a la variabilidad climática. Entre el 15 y el 20 de julio, la superposición del fenómeno de El Niño con la Oscilación Antártica y la Oscilación Madden-Julian generó lluvias excepcionales en zonas del norte de Chile que habitualmente son áridas. Un análisis técnico del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) concluyó que lo más extraordinario de este episodio fue su duración. En amplios sectores de las regiones de Coquimbo y Atacama, se acumularon entre 220 y 300 milímetros de precipitación durante las 72 horas más lluviosas.

Aunque los científicos advierten que una lluvia intensa no implica automáticamente el fallo de un depósito de relaves, la presión hidrológica fue suficiente para provocar incidentes reportados. Minera Las Cenizas notificó a las autoridades que, debido a las fuertes lluvias en la región de Valparaíso, se produjo una descarga de aguas residuales asociada a sus faenas mineras. Por su parte, Minera Los Pelambres informó que agua vinculada al tranque de relaves El Mauro, ubicado en Coquimbo, escurrió hacia el estero Pupío tras un deslizamiento de tierra en los cerros aledaños provocado por las precipitaciones. Además, en la región de Aysén, la SMA investiga la rotura de una tubería que transportaba relaves desde la mina El Toqui, operada por la Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, aunque este último evento se atribuye a fallas técnicas y no al frente climático.

El riesgo de nuevas lluvias intensas persiste más allá del invierno. Según un análisis del CR2 publicado a inicios de 2027, el fenómeno de El Niño se extenderá hasta el otoño de ese año. Aunque las precipitaciones son menos probables durante el verano en el centro de Chile, la elevada humedad atmosférica residual podría favorecer tormentas intensas si llegan nuevos sistemas meteorológicos. Esta incertidumbre climática golpea a una infraestructura minera que ya presenta desafíos estructurales.

Para dimensionar la magnitud del riesgo, Mongabay Latam solicitó información al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) sobre el catastro actualizado de relaves y revisó su plataforma pública. El análisis revela un panorama preocupante: de los 839 depósitos de relaves registrados en Chile, 455 aparecen como abandonados. Esta clasificación significa que no registran un responsable legal al momento del catastro, lo que dificulta enormemente su vigilancia y gestión frente a posibles emergencias. La diferencia entre un depósito inactivo y uno abandonado es crítica: el primero sigue asociado a un titular conocido, mientras que el segundo carece de un responsable identificado, lo que complica la prevención de riesgos ante eventos climáticos extremos.

Paradójicamente, existe un incentivo financiero estructural que desalienta la remediación de estos depósitos. Los municipios que albergan pasivos ambientales reciben recursos del Fondo de Comunas Mineras precisamente por tenerlos en sus territorios. Este financiamiento, derivado del royalty minero, no está condicionado a la descontaminación; de hecho, remediar los depósitos podría implicar la pérdida futura de ese flujo de caja. Los relaves, definidos como los desechos tóxicos y lodos resultantes del proceso de trituración y extracción química de minerales, varían en peligrosidad según su composición, las condiciones del depósito y la exposición de ecosistemas y personas.

Javiera Gerding, investigadora del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA) de la Universidad de Concepción, señala que "uno no puede categorizar los relaves como una sola cosa". Pamela Castillo, también del GEA, añade que la presencia de un metal no basta para establecer daño; lo crucial es su capacidad de liberarse y llegar a los organismos. El análisis de la base de datos contrastada con la plataforma pública muestra que Coquimbo y Atacama reúnen casi tres de cada cuatro depósitos del país, y más de ocho de cada diez están abandonados o inactivos.

El Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Minería, publicado por el Ministerio de Minería en diciembre de 2025, identifica a Atacama, Coquimbo y Valparaíso como zonas de mayor riesgo ante el aumento de precipitaciones. Los depósitos abandonados tienen menor capacidad de adaptación debido a la dificultad para asegurar su monitoreo.

La Región de Coquimbo concentra 423 de los 839 depósitos registrados. La provincia de Choapa, al sur de esta región, es un ejemplo crítico. Encajada en un valle transversal semiárido, a unos 300 kilómetros al norte de Santiago, la minería convive allí con agricultura familiar, ganadería caprina y localidades rurales. Illapel, capital de la provincia, alberga 73 depósitos, de los cuales 38 están clasificados como abandonados. El lema de la comuna, "Viscera mea aurea" (mis entrañas son de oro), refleja la dependencia económica histórica de la minería.

Durante más de una década, la sequía debilitó los ríos y golpeó a la agricultura. Pero en julio de 2026, el agua volvió con fuerza excepcional, haciendo crecer quebradas que habían estado secas por años, muchas veces junto a depósitos mineros integrados al paisaje. El temporal afectó las instalaciones del tranque El Mauro. Minera Los Pelambres notificó a la SMA la evacuación de aguas desde una piscina colectora hacia el estero Pupío tras un deslizamiento. La compañía aseguró que el tranque permaneció estable, pero la SMA abrió una investigación.

En Caimanes, comunidad aguas abajo, el dirigente vecinal Cristián González advierte sobre las dificultades para contrastar la información técnica de las empresas. Insiste en que la vigilancia no debería depender de que ocurra una emergencia: "No tiene que pasar algo para que estas cuestiones se reactiven".

La situación es más compleja en los depósitos abandonados. César Pastén, académico de la Universidad de Chile, explica que a simple vista, algunos relaves parecen extensiones del paisaje, y la población puede confundirlos con parte natural del entorno. Al acercarse, los colores grises y amarillos y la falta de vegetación revelan su carga antrópica. En Illapel, la Plataforma Pública de Relaves registra siete activos, dos en construcción, 26 inactivos y 38 abandonados.

La normativa chilena ha evolucionado tras tragedias pasadas. El terremoto de 1965 provocó la rotura de tranques en la mina El Soldado, sepultando el poblado de El Cobre y causando más de 200 muertes. Esto llevó al reglamento de 1970, que restringió el método de construcción "aguas arriba", vulnerable a sismos. El Decreto Supremo 248 de 2007 prohibió expresamente este método, y la Ley 20.551 de 2011 estableció obligaciones de cierre y garantías financieras. Sin embargo, parte de los depósitos abandonados actuales se construyeron bajo normas anteriores.

Los riesgos no se limitan al colapso estructural. Una lluvia intensa puede erosionar y arrastrar residuos sin provocar el derrumbe del muro, dependiendo de las medidas de control de escorrentías. En instalaciones abandonadas, la ausencia de responsable dificulta estas labores preventivas. Estudios en Andacollo y Chañaral han modelado la volatilización de mercurio y la incertidumbre tóxica que marca la vida cotidiana, exhibiendo que los relaves son también un problema urbano.

Henry Jurgens, fundador de la Fundación Relaves, propone pasar de la evaluación de faena única a la evaluación de cuenca, considerando la acumulación de elementos tóxicos en aguas y suelos. En Illapel, el concejal José Luis Núñez describe el polvo que se levanta desde los depósitos y el temor a que las lluvias arrastren residuos hacia sectores habitados. Advierte que se ha normalizado la presencia de relaves dentro de la ciudad.

Núñez reconoce que la remediación a gran escala supera las competencias financieras del municipio, pero señala una contradicción en el diseño del Fondo de Comunas Mineras. Para acceder a este fondo, es beneficioso contar con un relave abandonado prioritario (dentro o cerca de zonas urbanas). Las 11 comunas beneficiarias de Coquimbo tienen asignados cerca de 11.828 millones de pesos. A Illapel le corresponden aproximadamente 1.162 millones de pesos. Si un municipio elimina los depósitos que lo hacen beneficiario, el reglamento no asegura que los ingresos se mantengan.

Núñez llevó esta preocupación al Concejo Municipal: "sería importante revisar que los mecanismos de distribución no terminen generando incentivos equivocados, donde avanzar en la remediación de un pasivo ambiental pudiera traducirse en una disminución de recursos". Las críticas apuntan a una posible contradicción en el diseño del fondo: entregar recursos por la presencia de pasivos sin proteger el financiamiento de las comunas que los eliminen.

La diputada Carolina Tello, representante de Coquimbo, comparte la preocupación. Afirma que es razonable considerar la carga ambiental al distribuir recursos, pero "una comuna no debería recibir menos recursos precisamente porque logró avanzar en la remediación". Propone una transición financiera y que el Estado y las empresas asuman sus obligaciones.

Tras la difusión del conflicto de interés, el equipo de la diputada solicitó información a Sernageomin sobre los depósitos críticos para evaluar medidas desde el Congreso. El derrame de División Andina y las emergencias de 2026 han vuelto a poner en la mesa la necesidad de fortalecer la vigilancia y anticipar emergencias. Martín Jacques, climatólogo del CR2, recuerda la lección para territorios acostumbrados a la sequía: "No porque algo sea infrecuente, no existe".

En Illapel, los cauces volverán a secarse y crecer. Los relaves permanecerán en el paisaje. La pregunta pendiente es qué habrá cambiado antes del próximo evento extremo.

W.P.Walsh--NG