Nottingham Guardian - La inversión en infraestructuras de España cae a mínimos de hace 36 años

La inversión real en infraestructuras públicas de España se ha situado el año pasado en niveles comparables a los registrados hace 36 años, marcando un punto histórico de mínimos relativos que reabre el debate sobre la capacidad del Estado para mantener su patrimonio nacional. Según los datos recopilados por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la inversión descontada la inflación alcanzó los 12.993 millones de euros, una cantidad inferior a los 13.566 millones que se destinaron en 1989 y muy por debajo de los picos anteriores a la crisis financiera de 2008.

Esta cifra, medida en precios constantes de 2020, refleja el efecto acumulativo de un recorte presupuestario drástico que comenzó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia. Entre 2009 y 2017, el presupuesto destinado a infraestructuras sufrió una reducción del 75%, cayendo desde los 34.800 millones de euros de 2009 hasta solo 9.076 millones en 2017. Aunque la inversión ha experimentado un repunte del 43% desde aquellos mínimos, nunca ha logrado recuperar el nivel de partida ni cubrir adecuadamente el desgaste diario de los equipamientos públicos.

El análisis detallado por sectores revela que la situación es crítica en múltiples frentes. La inversión en infraestructura viaria, fundamentalmente carreteras, se sitúa en niveles de 1988, con 3.993 millones frente a los 4.674 millones de hace tres décadas. De manera similar, la infraestructura hidráulica, que incluye presas y embalses, opera con referencias propias de 1986, registrando 1.852 millones frente a los 2.137 millones de aquella época.

En el ámbito ferroviario, las dotaciones actuales se encuentran en niveles del año 2001, con 3.700 millones de euros, lo que representa una reducción de dos tercios en comparación con los máximos alcanzados en 2009, cuando la partida ascendió a 11.105 millones. Aunque la inversión ferroviaria ha repuntado considerablemente desde sus mínimos históricos de hace cinco años —cuando apenas se destinaron 2.205 millones, una cifra propia de 1997—, sigue lejos de lo que fue la norma antes de la crisis. Las infraestructuras aeroportuarias y portuarias también muestran tendencias a la baja, con 981 millones y 1.156 millones respectivamente, cifras que no alcanzan los niveles de hace dos décadas.

La consecuencia directa de esta insuficiencia crónica en el gasto de mantenimiento es el deterioro del stock de capital neto. Los datos indican que entre 2016 y 2022, la inversión realizada no fue suficiente para cubrir el desgaste estimado de las obras públicas, provocando una reducción acumulada del valor patrimonial de las redes de carreteras, ferrocarriles, puertos y canales. El patrimonio actual en infraestructuras de España se estima en 470.362 millones de euros, lo que supone un 2,3% menos que el pico registrado en 2012. Durante los 61 años de la serie histórica disponible, el valor patrimonial nunca había disminuido hasta 2013; desde esa fecha y hasta 2022, se registró un declive continuado que solo comenzó a revertirse en 2023.

Las advertencias sobre las consecuencias de esta infrafinanciación llevan años sonando. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado en 2019 alertaba de que, de mantenerse el ritmo inversor actual, la capacidad potencial de prestar servicios de las infraestructuras se reduciría drásticamente al envejecer el parque. El organismo proyectaba que para 2030, el 80% de las infraestructuras de transporte superaría los diez años de antigüedad y el 57% rebasaría los veinte años, habiendo perdido la mayor parte de su capacidad operativa.

El trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, ha servido como catalizador para visibilizar esta problemática estructural. El siniestro, que causó 69 víctimas mortales y se produjo menos de un año después de la catástrofe de Adamuz, ha reabierto el debate público sobre si España invierte lo suficiente en sus infraestructuras. Ante la gravedad del incidente, el presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación de un decreto de ayudas que incluye bajas específicas e indemnizaciones anticipadas para las víctimas y sus familias.

Aunque parte de la reducción histórica de la inversión puede explicarse por la culminación del gran boom inversor de las décadas de 1990 y 2000, caracterizado por la construcción de la red de autovías y la expansión de la alta velocidad ferroviaria, el gasto actual ha caído a niveles que no garantizan ni siquiera el mantenimiento básico. Los expertos señalan que, aunque es lógico que el ritmo de construcción baje una vez completada la infraestructura básica, el nivel actual de inversión es insuficiente para evitar la erosión del capital público y garantizar la seguridad y eficiencia de las redes nacionales.

L.Boyle--NG